Keynes en España

Decíamos hace unas semanas que el presidente de Estados Unidos tiene intención de llevar a cabo políticas keynesianas en su país para salir de la crisis, políticas que consistirán básicamente en aumentar el gasto presupuestario del país. La idea general es que si en época de crisis el capital reduce su tamaño, también lo reducirá el número de trabajadores, por lo que el estado debería actuar de inversor, aportando su propio capital, para volver de nuevo a un estado de equilibrio en el que los recursos (en particular, el empleo) no estén infrautilizados.

La polémica respecto a si estas políticas son o no adecuadas existe, pero se mantiene en el ámbito teórico, pues todos los países desarrollados están defendiendo políticas intervencionistas. En España también se ha adoptado la misma vía, y se ha apostado por una fuerte inversión pública con un valor de 33.000 millones de euros, de los cuales 19.000 se destinarán a infraestructuras de transporte, 5.000 a inversiones medioambientales y 8.000 a proyectos a desarrollar por los ayuntamientos bajo ciertas condiciones. Y esos últimos 8.000 millones, cuya aplicación es inminente, son los que han desatado una polémica particular: la de si las inversiones planificadas por los ayuntamientos son o no las más apropiadas.

Un breve resumen: La cantidad es muy importante, supone aproximadamente un 0,75% del PIB español, y es "el doble de la inversión prevista por los ayuntamientos para 2009". Se espera que dé empleo directo a casi 300.000 personas, y hasta 400.000 si contamos los puestos indirectos. Todo esto nos da una idea de la magnitud de la medida. Esta inversión tiene varios objetivos, pero fundamentalmente son dos. Así. según nos dice Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y provincias, estos proyectos deberían ayudar a la reactivación económica, por un lado, y a la creación de empleo, por el otro.

¿Son las inversiones planificadas las más apropiadas para alcanzar los objetivos? Lo cierto es que no hay razones para pensar que sea así. A los ayuntamientos se les ha puesto a su disposición un determinado dinero para ejecutar proyectos. Pero los objetivos de los ayuntamientos no tienen por qué coincidir con los del Gobierno. En realidad pueden ser muy distintos, y si bien la creación de empleo es un objetivo compartido por ambos, no lo es necesariamente la reactivación económica, que a los ayuntamientos les resultará muy secundaria. Pero como éste sí es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno, se llegan a presentar algunas justificaciones para interpretar la disparidad entre los objetivos de la inversión y aplicaciones reales de lo más pintorescas. En su día eché un rapapolvo a un tertuliano de Onda Cero. Hoy le toca a la SER. Ayer, a las 9 y 20 de la mañana, oía esto a una tertuliana:

“Os estáis perdiendo, quizás un poco, en las grandes cifras, si partís del hecho que el objetivo es más social que económico y el poder dar una salida laboral a gente que por ejemplo trabajaba en la construcción y que ahora se ha quedado en el paro a lo mejor no es tan importante, o aunque lo sea, no es tan importante saber si hay una gran estrategia a la hora de definir el proyecto como que Manolito González que antes estaba subido a la obra pues mañana pueda tener un puesto de trabajo…”

Esto no es admisible. ¡Claro que es importante la estrategia! Y el problema es que este modo de entender las inversiones del Estado no parece el caso aislado de una "tertuliana", sino de muchas otras gentes. Bien, es cierto que a Manolito González lo que le importará será trabajar y no en qué. Pero si vamos a dar trabajo a Manolito, bien haremos que trabaje en algo que de por sí ayude también a salir de la crisis, una carretera, por ejemplo. O un aeropuerto. O una central nuclear. Todo eso son bienes que, una vez construidos, ayudarían al despegue de la economía. Pero si Manolito construye un polideportivo en su ayuntamiento, pasará un año y manolito podrá jugar al futbol si quiere en el nuevo campo del polideportivo, pero posiblemente volverá al paro, y el fruto de su trabajo no ayudará a que ni él ni otros encuentren trabajo, como sí podría haber sido en el caso de que la inversión fuera otra.

Como los ayuntamientos han presentado proyectos por un valor ajustado a las inversiones anunciadas, es de prever que se ejecutarán todos, salvo casos muy especiales. Estos proyectos presentados corresponden en un 32% a obras de rehabilitación, un 29% a equipamientos y servicios básicos y un 17,5% a edificios culturales, educativos y deportivos. Y si bien algunos de esos proyectos son eficaces para crear trabajo y riqueza una vez estén ejecutados, no así la mayoría. Y así es como nos encontramos que entre los proyectos presentados hay cosas como, por ejemplo, instalaciones deportivas (ver, por ejemplo, las partidas principales presentadas por el Ayuntamiento de Gijón)

La imprevisión económica del gobierno respecto a la magnitud de la crisis ha llevado a que se improvisen medidas como ésta. Parece evidente que de disponer de más tiempo se podría haber elegido bastante mejor el modo en qué invertir estos 8000 millones de euros. Pero el gobierno, sorprendido por el fuerte impacto de la crisis y visto en la necesidad de mitigar su impacto en las previsibles altas cifras de paro que se darán este año, no se le ha ocurrido otra forma mejor de inyectar dinero rápido en la economía. En economía se usa la expresión “costes de oportunidad” para hacer énfasis en que cuando se realiza una inversión, perdemos la oportunidad de realizar otras que, tal vez, habrían sido mejores. El coste de oportunidad de la ejecución de estos proyectos lo pagaremos entre todos. Difícil de evaluar, más nos vale que sea pequeño, pues el margen del estado para inyectar más dinero en la economía parece estar ya agotado.

Mientras, en España, la oposición se muestra sumamente preocupada porque el dinero no vaya a ser gestionado por ETA y por el tamaño de los carteles de obra.